Democracia en los partidos: tres propuestas

Estas son las tres propuestas:
                              Listas abiertas también en los partidos

                              Transparencia en los partidos
                              Defensor del votante

La anterior entrada de este blog revisaba el funcionamiento interno de los partidos políticos, su ausencia de democracia y las consecuencias que ello tiene en la política en general: la incapacidad de los políticos para representarnos y para aportar ideas, así como el origen de la corrupción. Ahora trataré de las soluciones que pueden obligar a los partidos parásitos y clientelares a convertirse en verdaderamente democráticos. Igualmente se evitará el riesgo de que nuevos partidos, que entren en el sistema o crezcan como consecuencia del descontento social o de una reforma electoral, reproduzcan los mismos vicios y nos defrauden de nuevo. En resumen, se trata de la forma de cambiar la actual partidocracia por una democracia, donde los partidos sean ayuda a la participación y no obstáculo para ésta.

Esto es lo que dice el artículo 6 de la Constitución Española: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

Las malas prácticas actuales que habría que erradicar son:

• Los partidos están dirigidos de forma clientelar, casi mafiosa, donde el poder interno y externo es repartido por el “aparato” al servicio de una minoría dirigente (a veces incluso de una única persona), evitando toda discrepancia, todo debate y por lo tanto cualquier atisbo de democracia. Desaparece la participación y todo se limita al seguimiento del líder o de la camarilla que personifica al partido y que decide sus propuestas y los mantras que todos los demás repetirán.
• Los partidos manejan mucho dinero público, donaciones y créditos bancarios. Las cuentas que presentan son apenas una caricatura. En la práctica, no existe información ni control público sobre ellas. Los bancos favorecen descaradamente a los partidos, concediéndoles créditos que nunca concederían a empresas o particulares. Incluso a veces pueden perdonarles los intereses o hasta el principal de la deuda. Uno de los efectos es que los partidos ya establecidos tienen grandes ventajas sobre cualquier nueva iniciativa que desee presentarse a competir con ellos en unas elecciones. Otro es que puede establecerse una colaboración inconfesable entre el poder político y el económico.
• La mayor parte de la corrupción se origina en el interior de los partidos políticos. La estructura clientelar lo favorece y también evita que nadie quiera y pueda denunciarlo. Quienes conocen irregularidades y desean evitarlas no se atreven a hablar, porque lo único que conseguirán es ser marginados, perseguidos y expulsados. Los jueces no entran a valorar la legalidad de lo que sucede de puertas adentro de los partidos.

Las medidas básicas a tomar para combatir lo anterior podrían ser tres:

1. Listas abiertas también en los partidos. Esta exigencia podría añadirse al artículo 7 de la Ley de Partidos, indicando que todos los órganos internos de carácter representativo, ejecutivo y de control, así como las elecciones primarias, deberán elegirse democráticamente, mediante listas abiertas, aplicándose también limitación de mandatos y un régimen de incompatibilidades.
2. Transparencia en los partidos. Esta exigencia podría añadirse al artículo 7 de la Ley de Partidos o bien en un nuevo artículo y requeriría también el endurecimiento de la Ley de Financiación de los Partidos políticos y en concreto de su Disposición transitoria segunda. Se debe exigir a los partidos información pública y detallada de sus ingresos y gastos, tanto del dinero público como de las donaciones y préstamos que reciben. Se debe prohibir expresamente que los bancos perdonen el pago de los créditos a los partidos, responsabilizando a ambos, banco y partido, de los incumplimientos. Las mismas normas deben extenderse a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
3. Defensor del votante. La creación de esta figura probablemente requeriría una Ley específica. Cada ciudadano, bien sea en su calidad de votante como si es afiliado a un partido político, debe tener a su alcance medios legales para denunciar los abusos o las ilegalidades que conozca que se han cometido por un partido político, sin ser extorsionado por ello y con garantías de que si hay base real se investigará. Actualmente es imposible que las irregularidades internas salgan a la luz y que se depuren responsabilidades ni dentro ni fuera del partido. Además de las económicas y antidemocráticas, serían objeto de seguimiento los incumplimientos flagrantes delos programas electorales.

Un deseo o una necesidad: Democracia interna en los partidos

Se habla mucho de que los grandes partidos políticos impiden que la democracia sea ejercida por los ciudadanos. Así es, pero para solucionarlo hay que conocer cómo y por qué sucede esto. Quienes hemos participado en partidos políticos y hemos observado su funcionamiento interno podemos aportar alguna luz al respecto.

En principio, la Ley española marca que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos han de ser democráticos. Eso dicen tanto la Constitución (art. 6) como la Ley Orgánica de Partidos (art. 7), pero ahí se queda todo. Si eso se cumpliese, serían organizaciones al servicio de los ciudadanos y de la sociedad, pero todos sabemos que no es así.

Existen unos pocos principios imprescindibles en democracia y uno de los más importantes no es efectivo dentro de los partidos: la división de poderes. En la práctica, todo el poder y todas las funciones de ese poder terminan bajo el control del mismo grupo de personas. Los líderes del partido enseguida controlan los órganos representativos, los órganos de dirección y los escasos órganos de control interno, que así pierden su función. El debate de ideas desaparece y lo único que importa es quién ocupa tal o cuál puesto y quién está más arriba en la lista electoral. Por ese perverso mecanismo, se crean estructuras clientelares. Los afiliados con ideas propias son apartados del camino, mientras que los más dóciles con el poder de turno tienen posibilidades de hacer carrera política. Esto tiene muy graves consecuencias. Por una parte, los partidos actuales son ideológicamente estériles. En su seno no existe debate político alguno, lo que les impide ofrecer propuestas a la sociedad y los aleja de cubrir las necesidades de ésta. Se nutren sólo de las ocurrencias de una minoría escasamente abierta a la sociedad. Por otra parte, los políticos que esos partidos llevan a sus listas electorales y que así terminan siendo elegidos suelen ser tan mediocres como dóciles. Las personas sinceras e independientes raramente aguantan en política. Por el contrario, quienes llegan a cargos públicos representativos o bien son mansos gregarios o incluso algunos dan la sorpresa de corromperse en cuanto tienen acceso a ello. A los políticos actuales les sale mucho más a cuenta ser fieles al líder y al aparato de su partido que a sus votantes y a su conciencia.

Una de las herramientas utilizadas por los aparatos clientelares de los partidos para ejercer su dominio son las listas cerradas. No sólo las listas para la elección pública de diputados o concejales, sino también las listas internas a los órganos del propio partido. Una lista cerrada permite a quien la confecciona repartir las expectativas de poder. Mientras que con listas abiertas el elector es quien otorga la representación a unos u otros candidatos, con listas cerradas es el aparato del partido el que premia o castiga a sus propios afiliados. Se trata de la famosa frase “el que se mueva no sale en la foto”. Si queremos democracia, las listas abiertas son imprescindibles también para los procesos electorales internos de los partidos.

Los afiliados no tienen protección contra los abusos de la dirección del aparato. Cuando un afiliado resulta demasiado “independiente” basta con excluirle del reparto clientelar. Sin embargo, si ese afiliado o bien un grupo de ellos tienen capacidad de plantear problemas al grupo dominante, nada impide al aparato privarle de sus derechos mediante expedientes arbitrarios. Los escasos mecanismos de garantía de derechos siempre están en manos de los mismos que han abierto los expedientes, por lo que los recursos contra las sanciones no prosperarán. Si los agraviados recurren a la justicia ordinaria, difícilmente ningún tribunal sentará el precedente de revisar las decisiones de una organización tan poderosa y el afiliado díscolo quedará nuevamente desamparado. Es por ello necesario concretar las leyes en lo referente a la garantía de derechos de las personas ante los partidos.

Los votantes no pueden reclamar ante el incumplimiento del programa electoral. El programa es el “contrato” entre el candidato y sus electores. Cuando un político o un partido incumple o incluso traiciona abiertamente su programa está violando ese pacto. Ahora los ciudadanos tienen que asistir impotentes ante esa violación.

Es muy importante caer en la cuenta de que la falta de democracia interna no sólo aqueja a los grandes partidos, sino también a los pequeños. Es normal que centremos nuestro descontento con los grandes, debido a lo mucho que nos han defraudado, pero sería ingenuo pensar que nuevas incorporaciones no van a caer en los mismos o peores vicios. Para mostrar esto existen multitud de ejemplos. Los partidos menores no están dirigidos por ciudadanos descontentos que quieren cambiar el sistema. Muchos de ellos obedecen a intereses particulares, clientelares o personales y aprovechan los resquicios del bipartidismo para obtener su trozo de la tarta. Por eso, una reforma de la Ley electoral que facilite la entrada de los pequeños en las instituciones tiene que ir acompañada de la obligada democratización de todos ellos, sean grandes o pequeños.

Por todo lo anterior y por otras razones que se pueden exponer, es de desear que se modifique o se complemente la Ley de Partidos, con una redacción concreta e inequívoca que obligue a la democratización interna de estos, incluyendo listas abiertas en sus elecciones internas, incompatibilidades, limitación de mandatos, órganos de control independientes, garantía de derechos de afiliados y electores, así como mecanismos de transparencia política y económica.

Tenemos también el problema de que a la gente le gustan demasiado los líderes. Se habla mucho más de personas que de ideas o propuestas. Una vez que se crea un líder, muchos le otorgan estúpidamente una alta credibilidad e incluso un seguimiento incondicional y ciego. Pero eso no se puede cambiar con una ley. Si la cultura democrática fuera común en nuestra sociedad, consideraríamos a quienes ejercen el poder como lo que son, nuestros representantes. Les haríamos responsables de servir a la sociedad y no les toleraríamos servirse de ella. En la asignatura de educación para la ciudadanía y en los medios de comunicación en general habría que fomentar el espíritu libre, crítico e inconformista. Eso dificultaría que se nos hurtase la democracia, tanto dentro de los partidos como fuera de ellos. Hasta que esa conciencia crítica se generalice, o incluso aunque nunca lo haga, los pocos o muchos que ahora la tenemos debemos manifestarla.