Gran Scala: una de cal y otra de arena

En un estado de derecho, la libertad de empresa es una herramienta fundamental. Las personas pueden acometer proyectos que producirán riqueza para ellos y para el conjunto de la sociedad. En ese sentido, bienvenida sea cualquier iniciativa económica que se encuentre dentro del marco de lo permitido por nuestras leyes. No cabe oponerse a que alguien haga uso de esa libertad empresarial. Si algo de ello fuera indeseable o perjudicial para los demás, no se trataría de otra cosa que de unas leyes inadecuadas, que habría que cambiar pero respetándolas mientras se encontrasen en vigor.

Otra cosa distinta es cuando los poderes públicos favorecen intensamente un proyecto privado. Emplear dinero público en construir los accesos y las infraestructuras, respaldar explícitamente y de forma institucional un proyecto privado y comprometerse a cambiar normativas legales para que sea viable son decisiones políticas excepcionales. Ese grado de excepcionalidad puede parecer un nuevo episodio de servilismo de los políticos ante el poder económico, un trato de favor, o una comunidad de intereses más o menos inconfesables. Cuando una PYME inicia su actividad no encuentra ni de lejos semejante apoyo público. Con esto no quiero decir que nuestra sociedad deba ignorar las oportunidades que se le presenten. Sin embargo, cabe la reflexión de por qué no apoyar igualmente a miles de personas que inician otros proyectos de índole mucho más modesta, pero que encajan perfectamente dentro de nuestra normativa legal, sin necesidad de cambiar nada ni de trato de favor alguno. Otra vez asistimos a una exhibición de fortaleza con los débiles y de complacencia con los fuertes.

Si existe una oportunidad de desarrollo económico, debe favorecerse. Si la envergadura del proyecto requiere de cambios normativos y de apoyo público, debe valorarse. Una norma se podría cambiar porque no se hubiera previsto en su día la situación ahora planteada. No debería cambiarse si ello supusiese contrariar el bien público en beneficio de intereses privados. Las inversiones fiscales en infraestructuras deben atenerse a la rentabilidad social que generan. No deben servir solamente para que les cuadren las cuentas a unos empresas que tienen como único mérito ser grandes.

Nuestras instituciones pueden haber visto la forma de apuntarse varios tantos a la vez. De entrada, encontrar un motor de actividad que tome el relevo pasada la Expo. De paso, la posibilidad de desarrollar una comarca deprimida. Por añadidura, una excelente oportunidad para contraponer a las pretensiones trasnvasistas defendidas por los estatutos de autonomía de otras regiones. Se podrá discutir de la bondad de estas tres intenciones, pero no son intereses ocultos y tampoco carecen de apoyo popular que las sustente. Si no existen, desde su inicio o posteriormente sobrevenidas, razones menos confesables, entonces estamos ante una apuesta que será calificada de valiente cuando alcance el éxito o de ingenua en caso contrario. Esperemos que se haya estudiado convenientemente la seriedad y la conveniencia del proyecto. Esperemos que en su desarrollo se preserve el bien público. Si es así, no seré yo quien critique el apoyo que se le da. Pero como quien apuesta ha de saber que corre riesgos, si los responsables del apoyo político a esta operación no están a la altura de las expectativas que han creado, habrán de asumir las críticas que les correspondan.

Personalmente, creo más en la bondad de un entorno que facilite el trabajo y el crecimiento de múltiples actividades que en la apuesta por una sola operación. Sin embargo es cierto que en Aragón pueden venir muy bien impulsos como fueron en su día la implantación de Opel y luego las de PLAZA y la organización de la Expo. Las apuestas con dinero público deben hacerse sobre seguro. Si esta lo es, bienvenida sea.